Justo cuando se conmemoraba otro aniversario del 19 y 20 de diciembre, en Villa Matoque, Santiago del Estero, balearon a dos militantes campesinos. A la vez, organizaciones jurídico-sociales repudian la sanción de la Ley Antiterrorista que criminaliza la protesta social.

Los hechos de diciembre. De la Rúa en un primer plano. Mensaje a todos los argentinos. “Culmina un ciclo, conmoción interior”. Decreta el Estado de Sitio por TV. Miles de hombres y mujeres salen a las calles de las principales ciudades de Argentina. Son nítidos los sonidos de fondo: cacerolas, entonaciones del himno, ruidos de balas de goma y corridas. Que se vayan todos.

A diez años, no sólo no avanzaron los juicios sino que se profundizaron reformas institucionales que amplían la inseguridad a partir de criminalizar a quienes protestan.

La media sanción de la ley antiterrorista y las modificaciones presentadas en este año avanzan en este sentido.

Calles inseguras

A las 39 muertes y numerosos heridos de 2001 se le suman los muertos en protestas a lo largo de estos años. Kosteki y Santillán, Sandra Cabrera, Carlos Fuente Alba, Mariano Ferreyra, los Qom en la Comunidad La Primavera, campesinos organizados como Cristian Ferreyra –solo por nombrar los más emblemáticos- muestran cómo la protesta puede implicar cárcel, represión o muerte.

El mismo 19, mientras se celebraban diferentes recordatorios de la crisis, dos campesinos de la organización campesina UPPSAN Villa Matoque (Santiago del Estero), Néstor Palacios e Ignacio Palacios, fueron heridos de bala, defendiendo sus tierras, por Alonso Santillán Secretario de la comisión municipal de Villa Matoque, quien responde a la empresa "Servicios y Negocios", según informaron por comunicado.

En este marco, la media sanción del bloque oficialista y aliados en el Senado de la modificación del Código Penal sobre Prevención, Investigación y Sanción de Actividades Delictivas con Finalidad Terrorista implica profundizar una política represiva sobre la posibilidad de ejercer el derecho a la protesta.

El proyecto de modificación de la ya cuestionada ley Antiterrorista, fue denunciado por organismos de reconocida trayectoria como la asociación Civil Por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro de Estudios de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS) como otro paso legal para criminalizar la protesta social.

“El hecho de utilizar conceptos tan abiertos e imprecisos hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social: en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público” afirman los arriba firmantes.

Agregan que “una normativa similar ha tenido graves consecuencias en su aplicación en Chile, lo que ha permitido la persecución penal de dirigentes del pueblo Mapuche en el marco de la ley antiterrorista, por cargos asociados al incendio de bosques.”
Estigma y cárcel

Bajo un trazado geopolítico, organismos financieros decretan políticas para América Latina basadas en un recetario punitivo. La ley Antiterrorista de 2007 fue elaborada bajo supuestos de seguridad y riesgo continental ante la amenaza al narcotráfico y al terrorismo.

Sin embargo, la letra de la ley y estas reformas, como muestra una investigación de Red Eco, son exigidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como condición para considerar a nuestro país como un destino seguro de Inversiones Externas Directas. Es decir, a fin de cumplir con las exigencias de organismos internacionales, se disponen medidas de carácter penal que puedan vulnerar derechos fundamentales.

La ampliación de las figuras penales, el aumento de las penas y el estigma social de los luchadores populares -por su asociación metonímica al terrorismo- son parte de las implicancias de esta Ley.

“Si bien el proyecto establece que el agravante no se aplicaría en los casos en que se trate del ejercicio de un derecho constitucional, este criterio no garantiza que líderes sociales no sean perseguidos y sometidos a proceso bajo estas nuevas figuras ligadas al terrorismo, lo que de por sí implicaría someterlos a una fuerte presión para abandonar su reclamo” denuncian en la carta pública ACIJ, CELS y CEPPAS.

Así, “dada la amplitud e imprecisión de los términos, se invierte la carga de la prueba y serán ellos los que deberán probar, en el marco de los procesos penales, que no son terroristas” afirman.

El trabajo y fortalecimiento de movimientos y organizaciones sociales también se ve cercenado debido a que la reforma atañe a las organizaciones que presten apoyo a los movimientos sociales.

Estas podrían ser consideradas como autoras del delito de financiamiento al terrorismo, en caso de que reciban, recolecten o entreguen dinero para solventar actividades de organizaciones sociales cuyas protestas sean consideradas acciones terroristas.

A diez años de aquel Estado de Sitio desafiado, hoy desde ambas cámaras se promueven nuevos instrumentos para desactivar, reprimir y acallar las voces disidentes que se expresan en la protesta social.

Las balaceras a campesinos, quemas, supuestos enfrentamientos entre patotas, detenciones arbitrarias, y una ampliación de términos que dejarían al arbitrio de la autoridad de turno, son parte de los conflictos en los que sumergen las conmemoraciones de diciembre

de Ximena Cabral (PRENSA RED)